Los implicados en la “Operación Gavilán” cobraban desde 5,000 hasta 47,000 pesos por retirar los antecedentes penales o fichas de criminales.

Este era un trabajo realizado en conjunto entre fiscales de distintas provincias del país junto a empleados de la Procuraduría General de la República, así lo detalla la solicitud para imposición de medida de coerción del Ministerio Público.

Según explicó al MP el imputado Carlos Santa Abad, coordinador de la Fiscalía de Monte Plata, él se dedicaba a cobrarle a los usuarios para el retiro de las fichas de manera irregular bajo instrucciones del imputado Mártires Rosario Reyes, quien se desempeña como soporte técnico en el departamento de Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría.